La senadora popular, Luz Elena Sanín, ha interpelado al Gobierno sobre la supuesta vulneración de la normativa sobre el funcionamiento de la Administración General del Estado, en el nombramiento del secretario general de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, ME, Antonio Ramírez. Sanín, que tramitó la pregunta a través del grupo parlamentario popular hace apenas una semana, alude a que el cargo debe ser cubierto por alguien del cuerpo de funcionarios de la AGE, y no al del profesorado, al cual pertenece Ramírez.
La pregunta, que está a la espera de ser tramitada, es para Sanín de radical importancia en cuanto “se han cambiando los criterios para acceder a algunas plazas y vulnera la ley y los derechos de los funcionarios que pueden optar a esa plaza”, al margen de que, añade, “se están cambiando los criterios para acceder a algunas plazas”.
Después de un año de la toma de posesión de Ramírez como secretario general de la Dirección Provincial del ME, Sanín retoma la cuestión ante la prórroga en el cargo el próximo curso 2009-2010, “pensamos que se va a producir esta misma situación y queremos saber por qué razón se está vulnerando la ley”, insiste Sanín.
Inspectores de Educación
Estrechamente, relacionado con este asunto, la senadora popular también planteó, hace un mes, una pregunta ante el Senado, sobre los motivos por los cuáles “no se ha dado cumplimiento” a los requisitos del Real Decreto 276/2007 para la cobertura de plazas de inspectores accidentales de Educación mediante comisión de servicio. “Convocan las plazas estableciendo una baremación totalmente distinta a la que establece la normativa”. Este hecho, que tan sólo ocurre en la ciudad autónoma, representa una “vulneración de la orden 276”, algo “incomprensible” al afectar únicamente al personal de Ceuta y Melilla. “El Real Decreto es de ámbito nacional y se está vulnerando el principio de igualdad porque no tiene por qué excluirse a la ciudad en la aplicación de ese decreto, bajo ningún concepto”.
La cuestión ya ha sido recurrida a la Dirección General antes de dar paso a un contencioso administrativo, apunta Sanín, que espera conocer la razón por la que se ha establecido una baremación diferente “cuando se trata de ocupar vacantes por personal de las dos ciudades autónomas, cuando en otras regiones sí se aplica la ley”, concluye.
Después de un año de la toma de posesión de Ramírez como secretario general de la Dirección Provincial del ME, Sanín retoma la cuestión ante la prórroga en el cargo el próximo curso 2009-2010, “pensamos que se va a producir esta misma situación y queremos saber por qué razón se está vulnerando la ley”, insiste Sanín.
Inspectores de Educación
Estrechamente, relacionado con este asunto, la senadora popular también planteó, hace un mes, una pregunta ante el Senado, sobre los motivos por los cuáles “no se ha dado cumplimiento” a los requisitos del Real Decreto 276/2007 para la cobertura de plazas de inspectores accidentales de Educación mediante comisión de servicio. “Convocan las plazas estableciendo una baremación totalmente distinta a la que establece la normativa”. Este hecho, que tan sólo ocurre en la ciudad autónoma, representa una “vulneración de la orden 276”, algo “incomprensible” al afectar únicamente al personal de Ceuta y Melilla. “El Real Decreto es de ámbito nacional y se está vulnerando el principio de igualdad porque no tiene por qué excluirse a la ciudad en la aplicación de ese decreto, bajo ningún concepto”.
La cuestión ya ha sido recurrida a la Dirección General antes de dar paso a un contencioso administrativo, apunta Sanín, que espera conocer la razón por la que se ha establecido una baremación diferente “cuando se trata de ocupar vacantes por personal de las dos ciudades autónomas, cuando en otras regiones sí se aplica la ley”, concluye.
