El Partido Popular quiere aprobar una ley de símbolos

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de la Defensa de la Convivencia Social, Neutralidad Institucional y sobre los Símbolos Nacionales. El objetivo del proyecto de Ley es: Garantizar un espacio público respetuoso con los principios y valores constitucionales y proteger nuestros símbolos nacionales: la Corona, las banderas (de España y autonómicas), el himno y el escudo constitucional, así como el resto de los símbolos oficiales de la UE, autonómicos, locales o forales. Evitar que se pite el himno de España o que se pueda quemar la foto del Jefe del Estado o la bandera de España, y, en caso de que esto ocurra, que estos comportamientos tengan la sanción correspondiente por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Defendemos que los espacios públicos en toda España sean un espacio de convivencia, libertad y neutralidad, evitando que puedan llenarse de emblemas independentistas con absoluta impunidad. Es necesaria esta Ley porque no se encuentran suficientemente desarrollados los mandatos constitucionales, siendo preciso completar algunas normas ya en vigor desde 1981. Se atiende a nuevas circunstancias de hecho y a la jurisprudencia del TS sobre neutralidad institucional. El Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de abril de 2016, se refiere a la obligada neutralidad institucional de las Administraciones Públicas y, con ella, de las autoridades, funcionarios y empleados públicos, porque están obligados a ser objetivos y a vincularse a los principios de legalidad y prohibición de la arbitrariedad. Por eso, la colocación de ciertos símbolos, como los independentistas, supone romper tal objetividad, considerándolos partidistas; esto es incompatible con el deber de objetividad y neutralidad exigible a los poderes públicos y a las Administraciones. Esta ley afectas a las autoridades públicas, que deberán velar por la neutralidad institucional así como denunciar los delitos de ultraje. Y a los empleados públicos, que también deben estar sujetos al principio de neutralidad institucional. Por ejemplo, los profesores y los médicos no podrán llevar un lazo amarillo en el ejercicio de su trabajo, y los concejales, alcaldes y policías locales estarán obligados a mantener la neutralidad del espacio público. Esta Ley no limita la libertad de expresión de los ciudadanos. La propuesta delimita con claridad las obligaciones de las autoridades públicas (altos cargos y funcionarios) y el resto de los empleados públicos. A los primeros, autoridades, les obliga a abstenerse de realizar y corregir en el acto cualquier tratamiento ilegal o cualquier ofensa, demérito, vilipendio o desprestigio de los símbolos nacionales y oficiales. Deben abstenerse también de exhibir e impedir que se exhiban en los espacios públicos aquellos símbolos, lemas o enseñas que vulneren la neutralidad institucional, además de corregir el uso que hagan de esos símbolos contrarios al principio de neutralidad en los espacios públicos. El resto de los empleados públicos, distintos de los funcionarios, tienen la obligación de comunicar inmediatamente las conductas de ofensa a los símbolos a las autoridades. Los ciudadanos deben acatar la Constitución y las leyes. Con ello queremos que los partidos apoyen esta iniciativa para acabar con los lazos amarillos y los ultrajes a la Corona, entre otras actitudes. El PSOE tiene una gran oportunidad para regresar al constitucionalismo. Ahora sabremos con quién está Pedro Sánchez: con los que violentan los espacios públicos o con los partidos constitucionalistas .